Recomendaciones para atajar la corrupción: del Índice de Percepción de la Corrupción 2023
En la batalla contra la corrupción, es imprescindible un enfoque polifacético que refuerce la justicia, defienda el Estado de derecho y garantice la rendición de cuentas. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 de Transparency International, publicado el 30 de enero de 2024, sirve de referencia crucial para comprender el panorama mundial de la corrupción y la eficacia de las medidas para combatirla. Mediante la evaluación de 180 países, este índice subraya la intrincada relación entre la corrupción, el declive de la justicia y el Estado de derecho desde 2016, destacando una preocupante tendencia hacia la impunidad y las prácticas de gobernanza autoritarias.
El IPC 2023 revela que 28 países han mejorado sus niveles de corrupción en los últimos doce años, mientras que 34 se han deteriorado significativamente. Este estancamiento indica los problemas sistémicos a los que se enfrentan los sistemas judiciales de todo el mundo: escasez de recursos, falta de independencia e incapacidad para procesar y juzgar eficazmente los casos de corrupción. El aumento de la gran corrupción, un abuso de poder a alto nivel que causa un daño generalizado a la sociedad, pone de relieve la urgencia de la preocupación y la acción internacionales.
Las conclusiones del IPC 2023 arrojan luz sobre la situación de la corrupción en el mundo y el papel esencial que desempeñan los sistemas de justicia para prevenirla y combatirla. Como se detalla en el informe, la corrupción florece cuando los sistemas de justicia son débiles o están comprometidos y, a la inversa, cuando la corrupción es rampante, se obstaculiza el acceso a la justicia de los más vulnerables. Esta introducción sirve como llamada a la acción para fortalecer los mecanismos de justicia y el Estado de derecho como pilares fundamentales de una sociedad democrática, justa y responsable. Al hacerlo, pone de relieve la necesidad crítica de cooperación mundial en la lucha contra la corrupción, haciendo hincapié en que la mejora de la independencia, la transparencia y la eficacia de los sistemas de justicia en todo el mundo no es sólo una inversión en el Estado de Derecho, sino una piedra angular en la búsqueda de un mundo justo, equitativo y libre de corrupción.
Repasemos las seis recomendaciones del informe CPI 2023 a los gobiernos que pretenden atajar la corrupción, promover la justicia y fortalecer el Estado de derecho.
1. Reforzar la independencia del sistema judicial
Proteger el sistema judicial de interferencias es primordial para su funcionamiento. Promover los nombramientos basados en el mérito en lugar de los políticos y garantizar que el sistema cuente con personal cualificado y con los recursos adecuados.
2. Introducir mecanismos de integridad y supervisión
Garantizar que no se abusa de las protecciones especiales que necesitan los miembros del sistema judicial para desempeñar sus funciones. Los abusos pueden evitarse mediante canales específicos de denuncia y notificación, así como exigiendo a jueces, fiscales y otros actores relevantes que revelen sus bienes e intereses, y garantizando que los salarios sean proporcionales a su trabajo.
3. Mejorar el acceso a la justicia
Proteger el derecho de las personas a acceder a la justicia es un primer paso contra la impunidad y la corrupción. Las estrategias para lograr este objetivo incluyen simplificar los procedimientos complejos, hacer que los procedimientos legales sean accesibles para todos, ampliar la definición de víctimas de la corrupción para incluir a las víctimas no estatales y conceder a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cualificadas el derecho a iniciar y presentar casos de corrupción -ya sean penales, civiles o administrativos- y representar los intereses de las víctimas de la corrupción.
4. Hacer la justicia más transparente
La transparencia puede ayudar a arrojar luz sobre el funcionamiento del sistema judicial y hacerlo más responsable. Garantizar que los datos pertinentes sobre sentencias, acuerdos extrajudiciales y ejecución, así como sobre procedimientos judiciales y normas administrativas, estén disponibles abiertamente y puedan ser examinados por los ciudadanos. Esto podría contribuir a desalentar la corrupción y garantizar que las leyes contra la corrupción se apliquen y administren correctamente.
5. Promover la cooperación dentro del sistema judicial
Los sistemas judiciales son complejos, pero es esencial garantizar que sus distintos componentes puedan colaborar eficazmente. Definir responsabilidades claras y complementarias es fundamental para lograr este objetivo. Dado el uso generalizado de sistemas de justicia informales en algunas regiones, reflexionar sobre las posibles sinergias entre los sistemas formales e informales también podría resultar beneficioso.
6. Ampliar las vías para la rendición de cuentas en casos de gran corrupción
Cuando las tramas de gran corrupción se llevan a cabo en países con sistemas judiciales que "no quieren o no pueden" actuar contra los infractores, las instituciones judiciales de jurisdicciones extranjeras con un Estado de derecho más fuerte pueden desempeñar un papel crucial en la lucha contra la impunidad tramitando los procedimientos de gran corrupción. Para ello es necesario que esos países extranjeros cuenten con medidas procesales clave, como una jurisdicción amplia, inmunidades mínimas para los funcionarios de Estados extranjeros, legitimación de OSC de interés público cualificadas para llevar esos casos y representar a las víctimas, y una definición amplia de daño justiciable que abarque el daño generalizado a un gran número de víctimas.
