El 2025 se perfila como un año decisivo para el cumplimiento fiscal, con tres cambios regulatorios importantes que redefinen lo que las instituciones financieras deben rastrear, reportar y verificar. Desde la aplicación del impuesto mínimo global bajo BEPS Pilar Dos hasta las amplias implicaciones del reporte de criptoactivos (CARF) y de ingresos en plataformas digitales (DPI), el alcance de la transparencia fiscal se está expandiendo rápidamente.
Cada régimen apunta a un punto ciego diferente en la tributación transfronteriza, lo que significa que ninguna institución puede darse el lujo de quedar fuera.
Esto no se trata de mantenerse al día, sino de adelantarse. Las instituciones necesitan sistemas inteligentes, datos centralizados y equipos capacitados para interpretar estándares en evolución a través de múltiples jurisdicciones. Ya sea que esté gestionando flujos de criptoactivos, subsidiarias globales o vendedores digitales, la preparación temprana es la mejor defensa contra auditorías y sanciones.
