En la lucha contra la corrupción, es imprescindible un enfoque multifacético que refuerce la justicia, defienda el Estado de derecho y garantice la rendición de cuentas. El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2023 de Transparency International, publicado el 30 de enero de 2024, constituye un referente clave para comprender el panorama global de la corrupción y la eficacia de las medidas para combatirla. Al evaluar 180 países, este índice pone de relieve la compleja relación entre la corrupción, el debilitamiento de la justicia y el Estado de derecho desde 2016, destacando una preocupante tendencia hacia la impunidad y las prácticas de gobernanza autoritaria.
El CPI 2023 revela que 28 países han mejorado sus niveles de corrupción en los últimos doce años, mientras que 34 han empeorado significativamente. Este estancamiento refleja los desafíos sistémicos que enfrentan los sistemas de justicia en todo el mundo: falta de recursos, ausencia de independencia y deficiencias en la persecución y el enjuiciamiento eficaz de casos de corrupción. El auge de la gran corrupción —un abuso de poder a gran escala que causa daños sociales generalizados— subraya la urgencia de una preocupación y acción internacional coordinada.
Los hallazgos del CPI 2023 arrojan luz sobre el estado de la corrupción a nivel mundial y sobre el papel esencial de los sistemas de justicia en prevenirla y enfrentarla. Tal como detalla el informe, la corrupción prospera donde los sistemas judiciales son débiles o están comprometidos; y, a la inversa, donde la corrupción es generalizada, el acceso a la justicia para los más vulnerables se ve obstaculizado. Esta introducción es un llamado a la acción para fortalecer los mecanismos de justicia y el Estado de derecho como pilares fundamentales de una sociedad democrática, justa y responsable. En ese sentido, subraya la necesidad crítica de cooperación global en la lucha contra la corrupción, enfatizando que mejorar la independencia, la transparencia y la eficacia de los sistemas de justicia en todo el mundo no solo es una inversión en el Estado de derecho, sino también una piedra angular en la búsqueda de un mundo justo, equitativo y libre de corrupción.
Veamos ahora las seis recomendaciones del informe CPI 2023 dirigidas a los gobiernos que buscan combatir la corrupción, promover la justicia y fortalecer el Estado de derecho:
1. Fortalecer la independencia del sistema judicial
Proteger al sistema judicial de interferencias es fundamental para su funcionamiento. Se debe promover la designación basada en méritos en lugar de criterios políticos y garantizar que el sistema cuente con personal cualificado y con los recursos adecuados.
2. Introducir mecanismos de integridad y supervisión
Asegurar que las protecciones especiales necesarias para que los miembros del sistema judicial ejerzan sus funciones no se conviertan en un abuso. Para prevenirlo, deben existir canales de denuncia y reporte dedicados, así como requisitos para que jueces, fiscales y otros actores relevantes declaren sus bienes e intereses, además de garantizar que sus remuneraciones sean acordes a su labor.
3. Mejorar el acceso a la justicia
Proteger el derecho de las personas a acceder a la justicia es un primer paso contra la impunidad y la corrupción. Para ello, se pueden simplificar los procedimientos complejos, hacerlos accesibles a toda la población, ampliar la definición de víctimas de corrupción para incluir a víctimas no estatales, y otorgar a organizaciones de la sociedad civil (OSC) cualificadas el derecho de iniciar y llevar adelante casos de corrupción —penales, civiles o administrativos— y representar los intereses de las víctimas.
4. Hacer la justicia más transparente
La transparencia puede arrojar luz sobre el funcionamiento del sistema judicial y hacerlo más responsable. Es fundamental que los datos relevantes sobre sentencias, acuerdos extrajudiciales, ejecución de resoluciones, así como los procedimientos legales y las normas administrativas, estén disponibles públicamente y puedan ser examinados por la ciudadanía. Esto puede desalentar la corrupción y asegurar que las leyes contra ella se apliquen correctamente.
5. Promover la cooperación dentro del sistema judicial
Los sistemas de justicia son complejos, pero es esencial garantizar que puedan colaborar eficazmente. Definir responsabilidades claras y complementarias es crítico para este fin. Dada la presencia de sistemas de justicia informal en algunas regiones, reflexionar sobre las posibles sinergias entre sistemas formales e informales también puede resultar beneficioso.
6. Ampliar las vías de rendición de cuentas en casos de gran corrupción
Cuando los esquemas de gran corrupción se desarrollan en países cuyos sistemas judiciales son “incapaces o no están dispuestos” a procesar a los responsables, las instituciones judiciales de jurisdicciones extranjeras con un Estado de derecho más sólido pueden desempeñar un papel crucial en contrarrestar la impunidad.
Para ello, dichos países deben contar con medidas procesales clave, como jurisdicciones amplias, inmunidades mínimas para funcionarios de otros Estados, legitimación de las OSC de interés público cualificadas para llevar estos casos y representar a las víctimas, y una definición amplia de daño justiciable que abarque el perjuicio extendido a un gran número de personas.
TWC Staff
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