El Servicio de Fiscalía Pública de los Países Bajos impuso una multa de 101 millones de euros a Morgan Stanley por evadir de forma ilícita el impuesto sobre dividendos en el país. El banco estadounidense aprovechó un mecanismo específico para solicitar la devolución de dicho impuesto, pese a que, según los fiscales, no tenía derecho a utilizarlo.
Morgan Stanley aceptó la multa después de que la fiscalía emitiera una orden penal, lo que permite hacer cumplir la sanción sin necesidad de un proceso judicial y le permitió al banco evitar un juicio.
A principios de este año, la fiscalía había anunciado su intención de llevar a Morgan Stanley ante los tribunales, alegando que el banco eludió 124 millones de euros en impuestos sobre dividendos. El año anterior, Morgan Stanley ya había llegado a un acuerdo con las autoridades fiscales neerlandesas, reembolsando el monto disputado junto con los intereses acumulados.
El organismo regulador financiero de Corea del Sur emitió una notificación preliminar a cinco bancos por ventas indebidas de valores vinculados a acciones, lo que podría derivar en sanciones por un total aproximado de 1.400 millones de dólares, según informaron medios locales.
La notificación fue enviada a Standard Chartered Korea, KB Kookmin Bank, Shinhan Bank, KEB Hana Bank y NH Nonghyup Bank, según confirmó el Servicio de Supervisión Financiera a Bloomberg News.
De acuerdo con la agencia Yonhap, la multa total podría ascender a unos 2 billones de wones (1.400 millones de dólares), aunque la cifra final será determinada por la autoridad financiera. De confirmarse, constituiría la sanción más alta de este tipo en la historia del país y representaría un avance significativo en los esfuerzos del regulador por fortalecer la protección del consumidor financiero.
La Agencia de Supervisión Financiera de Kazajistán (FMA) creará un registro nacional de monederos de criptomonedas vinculados a actividad delictiva, según anunció Rashid Orazbek, jefe del departamento de análisis operativo, durante una sesión del Senado.
Orazbek explicó que la FMA recibirá la facultad de mantener una base de datos centralizada de monederos relacionados con transacciones ilícitas y esquemas de lavado de dinero. El sistema permitirá a las autoridades emplear análisis avanzados de blockchain, agilizar la evaluación de riesgos de transacciones y reforzar la supervisión de actividades vinculadas a criptomonedas. Subrayó además la recomendación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de que Kazajistán implemente un régimen de licencias para los proveedores de servicios de criptoactivos, e indicó que se están elaborando nuevas normas contra el lavado de dinero junto con mayores facultades de supervisión.
Un componente crucial del marco propuesto es el cumplimiento de la “regla de viaje”, que exige que los proveedores de servicios de criptomonedas identifiquen a ambas partes de una transacción y conserven la información correspondiente. Estos datos deberán almacenarse de forma segura y ponerse a disposición de las autoridades cuando se solicite. Las transacciones que no incluyan esta información serán detenidas, y el incumplimiento de los plazos de divulgación podrá derivar en cancelación. La FMA prevé que estas medidas reduzcan significativamente el uso delictivo de activos digitales.