Durante el último año se transfirieron 158.000 millones de dólares en activos digitales a monederos de criptomonedas vinculados a actividades delictivas, lo que pone de relieve una tendencia preocupante: el sector de los activos digitales, en rápida expansión, está siendo utilizado cada vez más para fines ilícitos a nivel mundial.
Esta cifra representa un aumento del 145 % con respecto a 2024, según la firma de inteligencia blockchain TRM Labs. Cabe destacar que el volumen de transacciones criminales había disminuido durante tres años consecutivos antes de este repunte. TRM atribuye el incremento repentino al endurecimiento de las sanciones, a una mayor participación de actores estatales en el ámbito de las criptomonedas y a los avances en la tecnología de rastreo en blockchain.
Este fenómeno coincide con la creciente aceptación de una industria de las criptomonedas que antes era de nicho por parte de las instituciones financieras tradicionales, interesadas en aprovechar las fuertes subidas de precios y el aumento de los volúmenes de negociación registrados en los últimos años.
Saxo Bank afronta una sanción administrativa de 313 millones de coronas danesas (49,7 millones de dólares) impuesta por el regulador financiero de Dinamarca debido a deficiencias en sus medidas de prevención del lavado de dinero en sus operaciones institucionales. La Autoridad Danesa de Supervisión Financiera impuso la multa tras determinar que el banco incumplió la normativa entre 2021 y 2023.
La investigación reveló que la entidad no recopiló información suficiente sobre la finalidad y la naturaleza prevista de determinadas relaciones con clientes, en particular aquellas vinculadas a socios de marca blanca. A través de este modelo, Saxo Bank pone su plataforma de negociación a disposición de instituciones asociadas, permitiendo a sus clientes acceder a los mercados mediante la infraestructura de Saxo.
Si bien la autoridad no identificó casos concretos ni pruebas de lavado de dinero, concluyó que los fallos sistémicos en los controles justificaban una respuesta significativa, enmarcando la multa como consecuencia de deficiencias en la gestión de riesgos y no como una indicación directa de conducta delictiva.