La semana pasada, un grupo de delincuentes sustrajo aproximadamente US$90 millones en activos digitales de billeteras de criptomonedas al ocultar componentes capaces de capturar contraseñas dentro de pequeños dispositivos similares a memorias USB, que se comercializan como la forma más segura para que los inversionistas resguarden el acceso a sus tokens.
Los tokens fueron sustraídos de las billeteras de clientes de Ledger, una empresa francesa que calificó el incidente como uno de los ataques más sofisticados que ha sufrido la industria cripto.
Ledger vende pequeños dispositivos parecidos a memorias USB que permiten a los inversionistas almacenar la contraseña de sus tokens digitales de forma segura y sin conexión, como medida de protección contra el robo de sus contraseñas y activos.
El jueves, la empresa informó que una red de crimen organizado pasó varios meses comprando dispositivos Ledger auténticos, abriéndolos, instalándoles componentes ocultos fabricados a la medida para registrar la frase de recuperación durante la configuración y, posteriormente, reintroduciéndolos en el mercado a través de revendedores en el sudeste asiático.
Las debilidades del programa antilavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) de Skandinaviska Enskilda Banken, con sede en Estocolmo, salieron a la luz tras la filtración de los Papeles de Panamá en 2016, que involucró a cientos de bancos.
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS, por sus siglas en inglés) anunció el jueves que SEB, con sede en Estocolmo (Suecia), y su única sucursal en Nueva York acordaron pagar US$33 millones para resolver una investigación sobre el programa antilavado de dinero del banco.
La investigación tuvo su origen en los Papeles de Panamá. La filtración en 2016 de 11,5 millones de documentos financieros y jurídicos del bufete panameño Mossack Fonseca reveló que cientos de bancos habían incumplido requisitos legales y regulatorios, incluidos los relacionados con el lavado de dinero y la actividad offshore (en jurisdicciones extraterritoriales).
La superintendente interina del NYDFS, Kaitlin Asrow, señaló en un comunicado que las instituciones financieras deben cumplir las estrictas leyes y regulaciones de Nueva York para proteger la integridad del sistema financiero, y que el departamento responsabilizará a toda entidad que no esté a la altura de dichos estándares.
La investigación del NYDFS determinó que el programa de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) y AML de SEB aplicó una debida diligencia insuficiente sobre sus clientes y no atendió el mayor riesgo de lavado de dinero que representaban los clientes de alto riesgo. De acuerdo con una orden de consentimiento emitida por la agencia, estos problemas persistieron entre 2015 y 2019.
La agencia indicó que el banco, que cuenta con activos por US$370,2 mil millones, no llevó a cabo una debida diligencia adecuada sobre sus socios de banca corresponsal de alto riesgo, incluidas instituciones extranjeras; mantuvo expedientes de clientes incompletos; evaluó deficientemente el riesgo de AML, y no actualizó adecuadamente sus procedimientos para las relaciones de banca corresponsal. La agencia también determinó que el programa de monitoreo de transacciones de SEB en Estonia, Letonia y Lituania no estaba debidamente preparado para detectar y bloquear actividades sospechosas.