México está ampliando sus esfuerzos en materia de lucha contra el lavado de activos (AML). El gobierno emitió nuevas disposiciones que exigen a una amplia gama de empresas que operan fuera del sistema financiero tradicional fortalecer la identificación de sus clientes, el monitoreo de transacciones y la detección de fondos potencialmente ilícitos. Las reglas aplican a desarrolladores inmobiliarios, concesionarios de automóviles, prestamistas no bancarios, casinos, y comerciantes de arte y joyería, con especial énfasis en las plataformas de criptoactivos.
La reforma establece nuevos requisitos para los prestadores de servicios que realizan lo que los reguladores clasifican como actividades vulnerables, ampliando la información que estas empresas deben recopilar, conservar y compartir con las autoridades de inteligencia financiera. La legislación actualizada, conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también exige sistemas automatizados de monitoreo, auditorías anuales y procedimientos más estrictos para identificar a los beneficiarios finales, es decir, las personas que en última instancia poseen o controlan una empresa. El objetivo es mejorar el rastreo de los verdaderos propietarios detrás de los flujos de dinero.
El acuerdo, publicado por el Ministerio de Hacienda de México, llega en medio de una creciente presión sobre el país para frenar los flujos financieros vinculados a organizaciones criminales. Estados Unidos ha intensificado su escrutinio sobre las redes de los cárteles mexicanos mediante herramientas de inteligencia, seguridad y monitoreo de recursos, y recientemente aumentó las recompensas ofrecidas en su esfuerzo por contrarrestar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que Washington ha designado como organización terrorista extranjera, una clasificación que ha intensificado significativamente la presión sobre el grupo y sus afiliados.
El regulador prudencial de Australia sancionará a Bendigo Bank con US$8 millones por deficiencias en la ciberseguridad y las salvaguardas sistémicas del prestamista regional, destinadas a proteger al sistema financiero de actores maliciosos. Bendigo Bank aceptó el acuerdo de sanción con la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA, por sus siglas en inglés), cuyos términos se dieron a conocer públicamente tras consultas de la prensa.
Bendigo Bank confirmó que aceptó la multa por infracciones a la Ley Bancaria ocurridas entre 2020 y 2023, y que además cubrirá US$2,6 millones en costas judiciales relacionadas con el caso. La sanción concierne a la antigua unidad de negocio Alliance Bank del banco, que cerró en septiembre de 2024. Alliance Bank sufrió un incidente grave de ciberseguridad en marzo de 2023, en el que se vieron comprometidas 250 cuentas y se sustrajeron US$140.000.