Un proyecto de ley histórico sobre activos digitales se ha estancado en el Senado, a pesar de que la industria cripto ha invertido más de $225 millones en fortalecer su influencia en Washington desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025. Los senadores se preparan para dejar Washington sin votar la Clarity Act, un marco regulatorio pionero para los activos digitales, tras meses de negociaciones y reiteradas garantías por parte de los legisladores.
La ley es relevante para el sector cripto porque establecería reglas claras para las empresas que operan en este espacio. Los participantes de la industria también esperan que la legislación prevenga el tipo de acciones regulatorias implementadas por el ex regulador de Wall Street Gary Gensler durante la administración Biden. La administración Trump ha adoptado una postura considerablemente más favorable hacia la industria, en un momento en que el presidente y su familia mantienen sus propios y lucrativos emprendimientos cripto.
El Tesoro y el banco central de Sudáfrica avanzan en planes para regular el uso de criptomonedas en transacciones transfronterizas. El Tesoro Nacional y el Banco de Reserva de Sudáfrica (SARB, por sus siglas en inglés) publicaron un anteproyecto normativo que exige que las criptomonedas enviadas al extranjero se gestionen a través de un proveedor autorizado y se reporten al Departamento de Vigilancia Financiera (FinSurv, por sus siglas en inglés) del banco central.
El marco propuesto no otorgaría a las criptomonedas el estatus de moneda de curso legal, ni distingue entre los distintos tipos de criptoactivos. Ambos organismos han invitado a la ciudadanía a presentar comentarios, con fecha límite de presentación el 30 de septiembre. Estas propuestas se suman a un anteproyecto normativo anterior emitido por el Tesoro Nacional en abril, que exigiría a los tenedores de criptomonedas declarar activos por encima de determinado umbral y entregar sus claves privadas a los funcionarios de aplicación de la ley cuando así se les solicite. El movimiento de Sudáfrica refleja una tendencia global más amplia hacia marcos ejecutables y transfronterizos para las criptomonedas, en un contexto en que las autoridades buscan proteger a los consumidores y salvaguardar los sistemas financieros sin dejar de dar espacio a la innovación.